El Gasna es un viejo punk originario del DF. Después de años de vagar por el mundo aterrizó en el aeropuerto internacional de Cancún en Enero de éste año. Decidió festejar el regreso a su país con unos tragos en la zona turística. Recobró el conocimiento en una sala de emergencia de la Cruz Roja, con veinte puntos de sutura en el cráneo y varios policías estatales fuertemente armados custodiándolo.
El Gasna es un viejo punk originario del DF. Después de años de vagar por el mundo aterrizó en el aeropuerto internacional de Cancún en Enero de éste año. Decidió festejar el regreso a su país con unos tragos en la zona turística. Recobró el conocimiento en una sala de emergencia de la Cruz Roja, con veinte puntos de sutura en el cráneo y varios policías estatales fuertemente armados custodiándolo.
Como el Gasna, miles de mexicanos pagan el precio de haber cometido el crimen de “portación de cara”. La piel oscura, los rasgos indígenas, y la juventud son los delitos más perseguidos por las policías que acechan las calles de lo barrios miserables de éste país. Porque la cárcel es para los pobres.
En cualquier momento la vida de cualquiera se puede convertir en una pesadilla tipo Expresso de medianoche; un infierno del cual se sale pagando fianza. Porque la cárcel es extorsión. La gente lo sabe, como también sabe que en éste país la cárcel no es lo peor…
Fernando López Alejandro, un joven rockero de 21 años de edad, tan sólo alcanzó a arrancar la primera hoja del calendario. Su auto fue baleado sin razón alguna en Ocotlan, Jalisco, el 1ero de enero por policías estatales.[1]
Fabián Sánchez Ortega, un joven de 27 años de edad, también perdería la vida en los primeros días del año a manos de la policía en una “revisión de rutina”. La misma suerte compartiría Luís Eduardo Cisneros, estudiante de maestría de la Universidad Autónoma de México, profesor en la Escuela de Antropología e Historia, comprometido con diversas causas sociales quien había desaparecido desde el 12 de diciembre del año pasado; el predicamento de sus familiares y amigxs no terminó cuando su cuerpo fue hallado a finales de enero de éste año en el Servicio Médico Forense del Valle de Chalco, ahora viven la sospechosa negligencia de las autoridades y la consecuente impunidad de los policías municipales responsables de su muerte.
No son casos aislados. Son el resultado de una política estatal de represión y control social que se esta instrumentalizando en todo el país y que tiene como fondo la extrema violencia de la inútil lucha contra el Narco. [2] Un supuesto combate contra el crimen que únicamente sirve para encubrir la verdadera naturaleza de la guerra que está llevando a cabo el Estado Mexicano en contra de los movimientos populares. Una Guerra endémica desde la fundación del país como nación independiente, pero que en los últimos 25 años, con los regímenes neoliberales, se ha vuelto cada vez más cruel e implacable.
Con el capitalismo en su fase neoliberal, el ataque contra los pueblos de México y del mundo no responde a ningún proyecto de nación. El estado nacional mexicano que se pretendía laico y benefactor desde su fundación durante la República juarista hasta la dictadura partidista posrevolucionaria, ha sido virtualmente desmantelado para satisfacer intereses ajenos a las necesidades de quienes habitan su espacio. El Estado en México tiene como única función, facilitar el despojo irracional, arbitrario e injusto de las riquezas que exige la cúpula financiera transnacional, amenazada por la crisis estructural del sistema mundo capitalista impone en la agenda inmediata garantizar el control político de regiones estratégicas.
Este programa de despojo parece tener como pilares tanto el fortalecimiento de fuerzas de represión institucionales (militar y policías), como clandestinas o paramilitares. Al mismo tiempo conlleva el estudio profundo y especializado de la zona a dominar. Este año la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosio) denunció el espionaje de un equipo encabezado por el geógrafo estadounidense Peter Herlihy para la elaboración de un mapeo digitalizado como parte del proyecto “México Indígena”, el cual ha sido financiado por la empresa de tecnología militar Radiant Technologies desde su oficina de Estudios Militares Foráneos.[3]México, y más en específico, Oaxaca, son medulares para quienes están detrás de éste proyecto. Son usados como si laboratorios en los que se experimentan diversos mecanismos -extremos, violentos y sistemáticos- de control de población, con el fin de refinar “EL” modelo adecuado y aplicarlo el resto del país.
Cabe analizar brevemente la historia del pueblo oaxaqueño, una historia de resistencia civil firmemente cimentada en una tradición milenaria de vida comunitaria, propia de los pueblos originarios de mesoamérica. Más de una vez el pueblo de Oaxaca ha derrocado gobiernos mediante la organización y la protesta; en sus tierras se han forjado hombres y mujeres determinantes en la configuración del México contemporáneo: Benito Juárez y el republicanismo federalista laico, Porfirio Díaz y el liberalismo positivista, los hermanos Flores Magón y la tradición crítica libertaria. Durante la gesta de independencia las guerrillas de Valerio Trujano resistieron al ejército realista en la Sierra de Oaxaca; más tardes, con claras tendencias separatistas, los oaxaqueños apoyaron el gobierno liberal de José María Ordaz y tras ganar la Batalla de Santo Domingo, le abrieron las puertas de la ciudad al gobierno liberal juarista; los juchitecos se distinguieron por su feroz resistencia a la intervención francesa, y fueron los primeros en organizarse para la Revolución en lugares como Tuxtepec, representados por el magonista Sebastián Ortiz. Justamente un grupo rebelde originario de la Sierra de Juárez repudió al gobernador porfirista Bolaños Cacho, odiado por haber cerrado escuelas elementales y aumentado impuestos.
Con esta experiencia invaluable, es casi incomprensible que a pesar de la toma de la ciudad por más del 30 por ciento de la población –de 400 mil habitantes- durante la primavera del 2006, se haya impuesto a sangre y fuego el gobierno del asesino Ulises Ruiz. Aunque no se puede perder de vista el pacto macabro del PRI con el PAN, para legitimar la presidencia de Felipe Calderón, usando las gobernaturas estatales (Oaxaca incluida) como moneda de cambio; la desmesurada violencia ejercida contra el movimiento popular oaxaqueño nos obliga a reflexionar sobre la posible instrumentalización de un régimen totalitario, primero en Oaxaca y después en el resto del país.[4]
Mientras Peter Herlihy documentaba el cuantioso botín, Ulises Ruiz fortalecía las fuerzas de represión. El precio? Más de 252 millones 700 mil pesos que desaparecieron del presupuesto que tendría que haber sido destinado a programas sociales en zonas de alta marginación. [5] Una miseria a cambio de una riqueza potencial incalculable es el precio justo de un hombre mediocre y enfermo de codicia. Un hombre cuyas obras son la elocuente imagen de sí mismo.
La Oaxaca de Ulises queda muy lejos de las barricadas, de los sueños por un poco de justicia, de la gente. La Oaxaca de Ulises es constantemente patrullada por policías estatales, policías municipales, policías federales, soldados, policías judiciales, policía de caminos, policías ministeriales, agentes de migración. La más activa en represiones y cateos es la policía estatal, “modernizada” por Ulises, y que apenas logra disimular el perfil paramilitar de quienes la componen: analfabetas funcionales con un profundo resentimiento social, una imagen distorsionada de la autoridad, baja autoestima, y graves desequilibrios de personalidad -oscilando entre el narcisismo patológico y el sadismo incurable-; sólo la maldad irresponsable de alguien como Ulises Ruiz pudo concebir dotarlos con armas de alto poder[6], cada uno de ellos es una tragedia a punto de suceder. Todos tienen una sola misión: intimidar a la población, garantizar una aterradora estabilidad a punta de fusil para que nada interfiera con el paraíso ficticio y folclórico que vende el gobierno estatal a la horda salvaje de turistas que invaden playas y ciudades engordando los bolsillos de los ladrones que se hacen llamar empresarios, y facilitar la labor de oscuros “especialistas” enviados por dudosas organizaciones estadounidenses y europeas. Paradójicamente los operativos policiales –eufemismo desesperado de las razzias- y las “revisiones de rutina” (que flagrantemente violan el artículo 11 constitucional de libre tránsito de mexicanos en territorio mexicano)[7], se llevan a cabo sistemáticamente contra los jóvenes de los barrios más pobres. Las calles y esquinas de barrios como Calicanto, -bastión de las barricadas en 2006 y triste escenario de la muerte de Brad Will-, han sido tomadas por asesinos y violadores vestidos de policía que amenazan la seguridad y los derechos de la población.
En la Oaxaca de Ulises el sol no brilla de la misma manera para todos: para los pocos privilegiados el atardecer se convierte en la cursi postal obligada, en un paraíso bananero barato con nativos amigables; para la mayoría sin embargo, el atardecer marca el fin de un día más en la pobreza, la incertidumbre o la cárcel. Mañana saldrá el mismo sol otra vez y nuevamente, de manera injusta, brillará más para unos y menos para otros. La repartición perversa de la fortuna es responsabilidad de un solo hombre. La Oaxaca de hoy también es producto de su estulticia criminal.
En la Oaxaca de Ulises Ruiz, el encarcelamiento es el mejor escenario, el peor –y cada vez más común- es la muerte.[8] El acoso y hostigamiento hacia la población se ha agudizado peligrosamente en todos los frentes desde finales del año pasado, sobre todo los que el gobierno considera más vulnerables. Ixcotel, la cárcel por antonomasia de activistas de la APPO y que durante años ha sido virtualmente administrada por los presos, ha endurecido el trato a familiares y convictos. Esta postura se inició con el cambio de administración en el penal y el consecutivo e impresionante operativo federal dentro de la prisión –que incluyó sobrevuelos de helicópteros, agentes de la AFI (la corrupta Agencia Federal de Investigaciones) y camiones del ejercito-, efectuado el 25 de noviembre del año pasado con la invariable excusa de golpear a la organización criminal de los Zetas[9], cuyo control del tráfico de estupefacientes en la cárcel ha sido reconocido por las autoridades penitenciarias y sin duda también auspiciado. [10]
Pedro Castillo Aragón, preso en Ixcotel desde el 2002 y miembro del Comité de Defensa Ciudadana (organización indígena integrante de la Asamblea de Pueblos de Oaxaca) deja claro lo siguiente: “Cuales Zetas? Iban contra nosotros, presos políticos. Porque si iban contra los Zetas entonces no se explica como dejaron a los 34 miembros de esta organización que están aquí, en paz, agarraron a dos, pero a los demás los dejaron tranquilos”. Una suerte que no corrieron ni Pedro ni Víctor Hugo Toledo[11], a quienes se les desapareció e incomunicó durante dos días con el fin de trasladarlos arbitrariamente a otras cárceles. A Pedro pretendían enviarlo a Nayarit, muy lejos de amigos y familia; Víctor Hugo, custodiado por el ejército, fue golpeado y llevado a la cárcel de alta seguridad de Mihuatlan, a tres horas de Oaxaca. Pedro nos explica: “Aunque Mihuatlan está a tres horas, pierdes todo el día si quieres ir a visitar a alguien, además el traslado es caro, no se podría hacer muy seguido, y de Nayarit ni hablar”.
Resulta inútil tratar de describir el terror de las horas de incomunicación e incertidumbre al que fueron sometidos los compañeros y que superaron gracias a la certeza de saber que no estarían solos. Respondiendo a la compulsión patológica de violar las leyes, cual si fueran mujeres en Atenco, la incomunicación y tortura psicológica son prácticas usuales en presos comunes, y es llevada al extremo en presos políticos. El propósito del traslado es más que evidente: quebrantar la moral de los compañeros, sostenida por las visitas de amigos y familia quienes proporcionan esta certeza, tal vez la única en estas circunstancias: no haber sido olvidados. El mensaje también el mensaje es bien claro: los podemos desaparecer en cualquier momento, en cualquier operativo, cuando queramos. Esta práctica del terror se desarticula con la rápida movilización de familiares y simpatizantes y con la de los mismos presos, el 27 de enero cerca de 100 convictos se amotinan en el patio central del penal por más de tres horas, logrando así la destitución del director del penal, Jesús Sebastián Insunza Gutiérrez.
Los ataques contra la resistencia popular se reiniciaron el 8 de diciembre, esta vez el objetivo fue la CASOTA (Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo). La agresión empezó en las primeras horas de la madrugada, el arresto selectivo de un miembro de VOCAL desencadenó el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la fuerza pública. Los policías estrellaron brutalmente los vidrios de las ventanas en un intento por romper la barricada que habían formado los activistas, lanzaron gases lacrimógenos hacia el interior de la casa, y efectuaron varios disparos amenazantes al aire. Una vez más, el valiente apoyo, presencia, solidaridad del pueblo oaxaqueño frenaron éste ensañamiento salvaje.
La violencia es intermitente pero constante. El juego del gato y el ratón se reanudó el 3 de enero. Durante una manifestación contra el genocidio en Gaza, 21 personas fueron detenidas por la policía estatal en el centro de la ciudad de Oaxaca, y llevados al penal de Santa Maria Coyotepec, a aproximadamente 30 minutos del centro de la ciudad. Durante el traslado, como ya es costumbre, los manifestantes fueron golpeados y torturados psicológicamente. Nuevamente familiares, amigos y simpatizantes se movilizaron al penal frente a una valla de policías estatales fuertemente armados para exigir la liberación de los detenidos. Como respuesta obtuvieron toletazos y gas pimienta. La agresión contra los civiles que se manifestaban pacíficamente, obligó a los paramilitares, que Ulises ha tratado infructuosamente de disfrazar de policías, a detener la golpiza que efectuaban en los separos contra los manifestantes (en su mayoría menores de edad). Una vez más, después de unas cuantas horas, el pueblo de Oaxaca logró la liberación de sus hijxs detenidxs.
Ese mismo día, 3 de enero, pero en otro lugar de la ciudad, el locutor de radio Zaachila Humberto Cruz Matías sufría un atentado. Varios sujetos abrieron fuego contra su casa, y al intentar escapar es perseguido por sus agresores en un vehículo rojo sin placas, para evitar la captura se lanza de su auto y cae en unos matorrales. El ataque no es fortuito, la incomunicación y la desinformación son herramientas clave en éste programa de represión. La incomunicación es usada como medida intimidatoria para minar la fortaleza de los presos, la desinformación para mantener la más total impunidad.
En el 2008 se documentaron cientos de agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México: asesinatos, desapariciones forzadas, amenazas, detenciones arbitrarias, allanamientos, bloqueos informativo y comercial; Oaxaca encabeza vergonzosamente ésta lista ocupando el segundo lugar, tan sólo después de Chihuahua –zona en estado de guerra-, con 13 casos de comunicadores asesinados; sin duda un año tranquilo si se compara con el primer año y medio del gobierno de Ulises (2004-2005), en el que se asesinó en promedio a un periodista por mes (46 en total)[12]. En 2006 la lista incluye los nombres Brad Will, (cuyo sospechoso homicidio fue determinante para la entrada de la Policía Federal Preventiva a la ciudad), y en el 2008 el de las jóvenes triquis Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, comunicadoras de la radio comunitaria La Voz que Rompe el Silencio del municipio autónomo de San Juan Copala.
La agresión a periodistas es una política de Estado tanto federal como estatal. Unos días después del atentado contra Humberto Cruz -el 9 de enero-, Carlos Velazco Molina, director del Correo de Oaxaca, es atacado en su domicilio con bombas molotov. Situaciones parecidas han tenido qué enfrentar Pedro Matías (corresponsal de la revista Proceso) y Misael Sánchez (reportero de El Tiempo), quienes han sido sometidos a levantones y balaceras.
El control de los medios y la desinformación facilitan la represión violenta. Un día después del atentado a Humberto Cruz -10 de enero- alrededor de las once de la noche, Rubén Valencia, miembro de VOCAL, es herido en la nuca por gente vestida de civil.
Cinco días más tarde, agentes de la Policía Federal del Estado abrirían fuego contra 80 indígenas indefensos que participaban en un tequio (trabajo comunal) en la comunidad de Santiago Xanica. Con el cobarde ataque, Abraham Ramírez Vazquez, Noel y Juventino García Cruz, son gravemente heridos y detenidos bajo cargos infundados de homicidio calificado, lesiones, y secuestro. A pesar de su delicado estado de salud son trasladados a las prisiones de Mihuatlan y Pochutla. Los tres pertenecen al Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de Santiago Xanica (CODEDI-Xanica), por ésta audacia fueron heridos, incomunicados, no se les prestó atención médica, se les desapareció durante horas y finalmente fueron encarcelados.
Este clima de violencia, represión y asesinatos se enrarece aún con los homicidios de Alejandro Barrita Ortiz –entonces Director de la Policía Auxiliar, Bancaria y Comercial- el 30 de enero del 2008, y de Aristeo López Martínez –ex Coordinador de la Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito durante el gobierno de José Murat (1998-2004)-, acaecido el 23 de enero de éste año. Ambos han sido identificados como torturadores. Alejandro Barrita operaba las Caravanas de la Muerte –grupo a quien se responsabiliza de los asesinatos de 13 miembros de la APPO durante el movimiento popular del 2006-; él ordenaba los levantones y seguramente conocía la ubicación de las fosas clandestinas auspiciadas por Ulises Ruiz. Su colega, Aristeo López Martínez participó en la salvaje represión contra la APPO del 16 de Julio de 2007 –la Guerraguetza-, que dejó en coma por meses y con secuelas de por vida al señor Emeterio Marino Cruz. López Martínez; además, era testigo protegido en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de las desapariciones de Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario.[13]
Las dos ejecuciones presentan demasiadas coincidencias, como si hubieran sido planeadas por la misma mente carente de un mínimo de inteligencia y por sonciguiente sin imaginación. Pero no sólo tuvieron un final muy parecido, también sus aberrantes existencias se asemejan. Tanto Barrita Ortiz como López Martínez llevaron a cabo acciones de contrainsurgencia, los dos pertenecían al grupo “Muralla”, un código usado en las caravanas de la muerte para identificarse. Los dos eran piezas claves en las investigaciones sobre desapariciones forzadas y el secuestro de los milicianos eperristas; López Martínez era, de hecho, un testigo de cargo, nunca sabremos si Barrita pretendía colaborar en la investigación. Las dos muertes suceden por las mismas fechas (enero), y antes de que empiece la contienda electoral del 2009, al mismo tiempo que el gobierno federal, sumamente cuestionado, reabre las investigaciones de los eperristas desaparecidos. La pregunta es inevitable, a quién le convenía silenciar a estos criminales? Contrario a lo que se ha querido manejar en los medios, ni el movimiento popular oaxaqueño, que exige castigo a los represores; ni el Ejército Popular Revolucionario, interesado en encontrar a sus milicianos, se benefician con la muerte de quienes hubieran podido dar información crucial sobre la suerte de sus compañerxs y militantes, y los nombres de quienes ordenaron estas atrocidades.
Tanta violencia no es gratuita. Para los responsables intelectuales de éste proyecto perverso, América Latina es el plan de contingencia ante la irremediable crisis del sistema mundo capitalista. En éste contexto, Oaxaca es usado, por su misma legado histórico de resistencia, como un campo de entrenamiento para perfeccionar un modelo implacable de control político en todo el país que garantice la ingerencia incontestable en la región; con éste fin se detalla la geografía, recursos, viabilidad de la resistencia, cultura, y más, en estudios financiados por entidades militares de Estados Unidos. Se corrompe a políticos mediocres y sin escrúpulos. Se fortalecen las fuerzas de seguridad con un claro fin de control de población y represión mediante el hostigamiento y el terror. Se justifica el uso indiscriminado de la violencia con una ficticia guerra contra el crimen. Se infunde un clima de inseguridad y miedo en gigantescas campañas publicitarias. Se controlan los medios de comunicación y se ejerce la censura y la desinformación. Pero lo más importante es que se habitúa a la población a la violencia y a la presencia de fuerzas armadas en las calles.
No sería descabellado pensar en el escenario de una intervención directa por parte de Estados Unidos si fuera necesario, la insistencia de importantes estrategas políticos de ése país en catalogar al Estado mexicano como “fallido”, ubica al país en la paranoica lista de amenazas latentes (como en su momento lo fue el “fallido estado” de Irak)[14], a la que son adictas las buenas conciencias de ése país.
Pero así como estos analistas y estrategas aprenden en la práctica cómo someter al pueblo; para quienes nos oponemos a este despojo, Oaxaca es un libro abierto con valiosas lecciones de resistencia en cada página. Como ellos, aprendemos y lo hacemos en la práctica. Igual que ellos, tenemos cada vez nuestros objetivos más claros. A diferencia de ellos, no nos rendiremos.
Un año terminó y otro más inicia y cada minuto esta marcado por la posibilidad en un millón de redimirnos como especie y evolucionar, una oportunidad boicoteada a cada instante por los Ulises Ruiz de este mundo. Pero el tiempo es un recurso finito, y acabara algún día para todos ellos. Mientras tanto no son sus crímenes ni las injusticias, sino la resistencia y la dignidad que generan, las que marcan el “ritmo de nuestro tiempo”. Para Víctor Hugo, Pedro Castillo Aragón, Miguel Ángel García, Rubén Valencia Núñez, Abraham Ramírez Vázquez, Noel y Juventino García Cruz, para ellos y todos los presos políticos y de conciencia, va todo nuestro apoyo. No nos cansaremos hasta lograr su libertad. No nos cansaremos de exigir justicia. De Oaxaca seguiremos aprendiendo a resistir.
[1] El centro del país, en manos de la ultraderecha del Yunque es un virtual laboratorio de entrenamiento para la policía secreta, se puso esto en evidencia durante el período como secretario de Gobernación del simiesco Ramírez Acuña, represor del movimiento altermundista de mayo 2004. Con el Yunque en el gobierno, la población está sometida a un virtual toque de queda a partir de las 22:00 hrs. La irrupción de la fuerza pública en fiestas juveniles, razzias, cateos y levantones son prácticas comunes.
[2] La situación es sumamente delicada, principalmente en el norte de la República, zona completamente “irakizada”. Monterrey, otrora orgullo de la prosperidad empresarial, ha sido recientemente escenario de violentas protestas de la población contra los operativos de seguridad efectuados por el ejército indiscriminadamente. A más de cuatro días de enfrentamientos –desde el 9 de febrero- entre fuerzas del orden y ciudadanos, la versión institucional insiste puerilmente en criminalizar la protesta al asegurar, sin pruebas, que los manifestantes son pagados por mafias narcotraficantes.
3] Ver Silvia Ribeiro, Geopiratería en Oaxaca… y mucho más, La Jornada 21 de enero 2009.
[4] En un escándalo reciente, el presidente del PRI estatal, Jorge Franco Vargas, ha reconocido la compra de equipo de intercepción de llamadas comprado a Israel con un valor de más de 600 mil dólares.
[5] Alba Martínez, Desaparecen millones del erario de Oaxaca, Revista Contralínea, 15 de enero 2008. www.contralinea.info
[6] En palabras de Fermín Amador Mendoza Bello, Director del Instituto del Profesionalización dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) creado durante el gobierno de José Murat (antiguo jefe del recién asesinado Aristeo López), en el 2004 Oaxaca cuenta con una “nueva policía de vanguardia” acorde con el Nuevo Modelo Policial según el peligroso Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Cabe resaltar la oscura trayectoria de 42 años de Mendoza Bello; como militar fue jefe del agrupamiento “Mendoza” en Taniperla, Chiapas en donde combatió al EZLN. La intención en Oaxaca es “especializar” al 95 por ciento de la policía del Estado. Han egresado 4483 elementos y se espera 6680 para el 2010. http://www.rnetoaxaca.com.mx/articulos.php?art=25399
[7] Una de las pocas garantías inteligentes que quedan en la Constitución, las que quedarían inhabilitadas con la aplicación del artículo 29 constitucional, que prevé una medida drástica en casos extremos de amenaza a la seguridad nacional, y propuesta por en la Cámara de Diputados por el calderonista César Duarte Jaquez para combatir el crimen, según él.
[8] A sólo un año de la presidencia ilegitima de Felipe Calderón, posible mediante el pacto que conservó a Ulises Ruiz en el Gobierno del Estado, en Oaxaca habían desaparecido 5 personas: Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Daniela y Virginia Ortiz Ramírez y Lauro Juárez.
[9] Sobre esta organización criminal: http://es.wikipedia.org/wiki/Los_Zetas
[10] Cabe resaltar que tanto los Zetas como los mandos policíacos especializados comparten un mismo origen: han sido entrenados como Kaibiles..
[11] Pedro Castillo es adherente a La Otra Campaña. En el 2002 fue secuestrado y desaparecido por dos días fue presentado posteriormente con rasgos de tortura. Es señalado como secuestrador en un caso plagado de irregularidades. Víctor Hugo Martínez Toledo participó en la histórica defensa de Radio Universidad el 2 de noviembre de 2006, es detenido un día después junto con Miguel Ángel García, se les fabrica el cargo de violación tumultuaria. A pesar de no haber pruebas en su contra y que la supuesto víctima no ha comparecido para rendir declaración, siguen en prisión esperando sentencia.
[12] Patricia Muñoz Ríos, La agresión a periodistas es una política de estado, La Jornada 13 de enero 2009.
[13] El tercer mando policial responsable de la represión contra el movimiento oaxaqueño es José Manuel Vera Salinas.
[14] La tesis del Estado Fallido ha sido manejada por el centro de análisis texano-israelí Stratfor en el artículo “La Gestación de un país fracasado” en la revista del mismo nombre en su edición de mayo 2008, y fue firmado y avalado por el director mismo del centro, George Friedman.